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Desahuciados o parados, empresarios arruinados, que se quitan la vida, desempleados volcados en una consulta psiquiátrica… gente que quiere emigrar porque aquí no se puede vivir. Los problemas emocionales derivados de la crisis económica española aumentan y agravan la incidencia de las enfermedades mentales y de las soluciones desesperadas.

Desde diciembre de 2011 hasta marzo o abril de 2012 ha crecido el número de suicidios obviamente vinculados a problemas económicos En los primeros meses de este año, dos conocidos empresarios andaluces aparecieron calcinados en el interior de sus respectivos automóviles en localidades costeras y, según todos los indicios, se habrían matado ante la ruina de sus negocios, reveló el agente, que no ofreció más detalles.

El suicidio supera los accidentes de tráfico, el cáncer, y enfermedades cardiovasculares. Pero el número de personas que se quitaron la vida no había crecido significativamente desde 2007, antes del inicio de la crisis, y 2010, último año del que se tienen datos oficiales. En 2007, los fallecidos por suicidio fueron 3.263, de los que 2.463 eran hombres y 800 mujeres, indica el informe de defunciones según causa de muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE). En los años subsiguientes hubo algunas oscilaciones: 3.457 en 2008; 3.429 en 2009 y 3.158 en 2010. Las cifras de suicidios no suelen hacerse públicas y los servicios de emergencia no dan cuenta de ellos a los medios de comunicación, aunque sí lo hacen sobre muertes con otras causas.

En las facultades de Comunicación se enseña que el suicidio no es noticia. “Es en cierto modo correcto, no es noticia cada caso individual, no se debe informar de métodos o detalles. Pero es también un error: sí se debe hablar del fenómeno social que supone el suicidio. Y de la forma de prevenirlo.

Por eso, hay que ser consciente. Hay que hablar del tema como problema y pensar en eventuales soluciones, sobre todo si hay algún peligro en el entorno. Pero no es sí. El 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pasó sin pena ni gloria en los medios. El suicidio sigue siendo un tabú, algo maldito e innombrable, lo que convierte a las familias en víctimas dobles

“En el 95% por ciento de los casos, no se llama a los periodistas al lugar del suicidio, aunque sí están presentes en homicidios o accidentes”, según el policía malagueño.

Son noticias que sacuden la región casi a diario y que apenas se mencionan en la gran prensa. Ningún responsable político habla de la proliferación de suicidios en España. Pocas veces aparecen reflejados en las crónicas de sucesos.

Las depresiones con consecuencias fatales afectan, sobre todo, a jefes de empresa o altos cargos que han visto derrumbarse el trabajo de una vida. Dado que España es un país de empresas familiares, la ruina tiene una connotación especial. Ante el fracaso, el sentimiento de frustración y de responsabilidad es aún mayor, y de ahí la desesperación.

«Lo siento, pero no me queda otra salida. Cuídate mucho». Con estas palabras, Isabel se despidió telefónicamente de una amiga antes de poner fin a su vida. Pero la mayoría de los suicidios en España tienen lugar en la más absoluta oscuridad, sin que trascienda su tragedia. No abundan los mensajes de despedida, ni las notas escritas a mano para decir adiós.

Aunque no hay cifras oficiales y muchos de estos casos se camuflan como accidentes (de arma de fuego o por ingestión de medicinas equivocadas), el caso que cuenta es que hay una muerte diaria, consecuencia de la precariedad económica, según Eures, la red creada por la Comisión Europea para facilitar la movilidad laboral.

Se trata a veces de autónomos, enfermos desahuciados, solitarios, incluso jubilados con pensiones de miseria que se van por falta de medios, de trabajo, o desesperanza. O porque les iban a echar del piso.

En muchos medios se presenta la imagen de una España desesperada por la crisis: precios por las nubes, salarios inmóviles (entre los más bajos de Europa), récord de impuestos, o un IVA desmesurado que eleva el precio de las cosas más elementales… En Euskadi con la supresión de las bonificaciones por contratación o mantenimiento del empleo, adoptadas por el gobierno de Madrid, miles de empresas se encuentran con un mayor coste salarial en sus contratos de trabajo, y en especial de jóvenes, mayores de 45 años y mujeres. El mayor impacto se ha producido en las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Y el país que aguantaba bien ahora se desmorona.

Con este panorama desolador, algunos confiesan que tienen que robar productos alimenticios en los supermercados para poder sobrevivir y llevar algo a casa para comer. Otros que ya han empeñado las joyas de los abuelos. También entre los empleados que han perdido su puesto de trabajo y no tienen instrucción especial abundan los suicidios. Eso sin contar los jóvenes que han caído en los mallas de la droga debido a la falta absoluta de expectativas de futuro y los malos amigos que están más o menos en la misma situación. Se sabe que el número de drogodependientes en España ha superado las cifras registradas en la segunda mitad de los 70. Ante la falta de medios para adquirir la droga, se recurre a sustancias ‘estupefacientes’ insólitas muy peligrosas. Y estos sucesos se han disparado.

Es un presente duro el que está viviendo España. Tal vez el peor desde la guerra civil. Y lo malo es que hay poco margen para la esperanza. ¿Cuántos suicidios más se seguirán ocultando en los próximos meses?

Vivimos inmersos en una cultura que se dice de la “información”, pero mirando a nuestro alrededor constatamos que nunca parecen importar las cosas, que los medios también están tocados y no mueven a la gente sino hacia la indiferencia. Lo que importa es vender publicidad. Y nunca se ha sentido el ser humano más sólo, más distante de todos y de todo. Más indiferente. Y eso a pesar de estar rodeados de sistemas que “comunican”, ”informan”, ”anuncian”, ”revelan” las 24 horas del día… pero no acompañan.

Desde la muerte de Franco se ha seguido en la misma sociedad de consumo de masas, donde el ser humano es pasivo, sin claras definiciones económicas, sociales o filosóficas, y el gobierno de turno intenta sutilmente que el hombre se comporte como un animal de consumo, conformista, apolítico. ¿Derechos humanos?… ¿Qué es eso?

La pobreza, el hambre, los desahucios, la exclusión social y demás problemas sociales no existen para Rajoy

No se ha escuchado ni una sola vez, ni en boca de Rajoy ni de sus entrevistadores, ninguna de esas palabras: “ni por supuesto, las de suicidio, malnutrición infantil, derechos humanos, inflación galopante, sostenibilidad, solvencia, problemas escolares, inamovilidad de las pensiones, tasas universitarias, becas, etc, etc.”. Eso lo dice todo…

En la cuestión de los desahucios el poder judicial trata débilmente de cambiar la ley pero es el propio gobierno el que se resiste. Explica que la comisión de seguimiento en la que participan la asociación hipotecaria, el Banco de España, la comisión Nacional del Mercado de la Vivienda y el secretario de estado para la economía estudian modificar umbrales e ingresos en los que se excluyan los desahucios. Eso requiere tiempo.

Ahora el acuerdo del gobierno y del PSOE de aceptar una reforma Express contra los desahucios, ha sido acogido con esperanza teñida de escepticismo. Después de casi unos 400.000 desahucios desde 2008 Rajoy ya no podía aguantar le presión de los medios sociales, de muchos jueces que estaban aplicando una ley de 1909. Hay un tribunal de Primera Instancia (el 32 de Madrid) que ha tramitado 1.200 ejecuciones hipotecarias en lo que va de año.

Espoleada por el alza del IVA la inflación se disparó hasta el 3’5 % en septiembre. El IVA ha aumentado los precios y esto se ha reflejado en el indicador del INE, que registra una subida hasta el 3’5%. Y el colmo viene con la privatización sanitaria. La gestión privada de la sanidad que empezó en Madrid y se ha extendido por las autonomías del PP. Más o menos significa la entrega al sector privado del control integral de los hospitales. La crisis es más bien una excusa de una maniobra dirigida a debilitar la red sanitaria-aunque esté funcionando bien-y entregarla a una empresa privada. Un jugoso negocio para las empresas que se dedican a la prestación de servicios sanitarios. El anuncio del Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dado el primer paso. La noticia de esta iniciativa, después de tantos fracasos en muchas otras, provocaron no sólo protestas sino huelgas en seis hospitales de Madrid. En el mejor de los casos, 5.500 trabajadores (médicos, enfermeros, auxiliares…) quedan ahora pendientes de reubicación y dependen de que las empresas privadas quieran volver a contratarlos. Los carteles que exhibieron los trabajadores son suficientemente expresivos: “Vete, se vende tu hospital”, “Se vende Sanidad Pública”, “Hospital… sólo para ricos. Abstenerse de entrar”.

Ojeamos “El Periódico de Huelva” del 12 de octubre”, por ser Andalucía, una de las regiones más afectadas, y dice así”

“Ahora más que nunca, su reivindicación es necesaria. Con motivo del ‘Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza’ los responsables de asociaciones de Huelva ofrecieron algunos datos sobre la pobreza, “extrapolables a los que se registran en Andalucía”, tal y como destacó Manoli García, vicepresidenta de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A). Así, “se han practicado 3.272 desahucios en Andalucía hasta el mes de septiembre de este año”. A esos desahucios, habría que sumar 79.000 que están a la espera de la orden de ejecución” y del millón de parados que tiene Andalucía”

De este modo, García explicó que un 40% de los andaluces ha cruzado ya el umbral de la pobreza, siendo Andalucía la tercera comunidad “más pobre de España, sólo seguida por Ceuta y Extremadura donde un 47% de la población, casi la mitad, no podrían hacer frente a un gasto urgente imprevisto”.

En Extremadura, según un artículo sobre Barriada de Juan Canet en Mérida las cosas están así: “Antes de las nueve de la mañana, un grupo de policías antidisturbios, pertrechados de escopetas lanzapelotas, custodian el rápido desalojo de muebles en una vivienda social. Se trata de uno de los 16 desahucios consumados en el último mes y medio en Extremadura. Bocachas expectantes velando las puertas y cunas extraviadas en plena calle. Una mujer, inquilina de ese piso, suplica sin éxito que le dejen entrar en la casa a coger el biberón para dar de comer a su hijo. No, no llega a estos barrios la prédica del interés superior del menor ni hay espacio en los suburbios para melindres compasivos. “Nos tratan como a terroristas”, dice una mujer mayor, consumida por la rabia. Hace ya tiempo que dejó de extrañarnos la presencia de los antidisturbios y de los GEOS en las barriadas miseria. Es la guerra sorda, la ofensiva de los ricos contra los pobres, la guerra social que se ha instalado en España.

La Junta de Extremadura, dueña de casas y juez de intemperies, ha convertido el desalojo en la guía de su política de la vivienda. 764 expedientes de desahucios abiertos y, de ellos, según se anuncia, 90 de ejecución inminente. Aunque no tiene la misma diligencia ni energía para cumplir sus obligaciones como casera. Los ascensores dejaron de funcionar, los barrios están llenos de cucarachas y otros bichos, pero el ejemplar gobierno de Extremadura sólo piensa en hacer caja con la más rentable de las inversiones: el miedo.

¿Como pretenden que pague otro recibo atrasado?” o “¿Tú crees que hay derecho a que te amenacen con echarte a la calle por tener una deuda de 600 euros?”. Se acumulan mil historias de incertidumbre y miedo.

Esto ocurre en una región que ronda los 150.000 parados, más de 60.000 de ellos sin ayuda alguna y cuando el número de personas acogidas a los programas de alimentos de Cáritas no deja de multiplicarse. Un tsunami de marginación y miseria avanza con la ruleta de los desahucios.

Esta vileza institucional del desahucio como herramienta política se produce en un país que cuenta con 4 millones de viviendas vacías y, casi un millón de ellas, en manos de los bancos como consecuencia del saqueo hipotecario. España, campeona europea de gentes sin casa y, al mismo tiempo, casas sin gente,

El país donde se extorsiona a gentes sin recursos para que paguen la insignificante deuda atrasada o se le corta el agua a familias con niños pequeños.

El mismo país en el que mientras tiburones como Rodrigo Rato o Miguel Ángel Fernández Ordóñez se van de rositas dejando pufos de 23.000 millones de euros (Bankia) o agujeros financieros de más de 100.000 millones (banca española). O donde el empresario más grande, Alfonso Gallardo, aún no ha devuelto los 10 millones de euros adelantados para el fracasado engendro de refinería.

“No vamos a parar los desahucios, de ninguna manera. Además nos están felicitando por ello”, dice jubiloso Víctor del Moral, Consejero de Vivienda de la Junta de Extremadura. Es ahí, en ese perturbador argumento, donde se encuentra la clave de esta oleada de desahucios. Todo un discurso populista que habla de las barriadas más machacadas como el reino de los televisores de plasma y los muebles de diseño, y que repiten insistentemente términos como conducta antisocial acabando por presentar como un problema de orden público lo que no es sino una expresión radical de injusticia social.

Y a la veterana criminalización de la pobreza se suma el darwinismo social, importado de Estados Unidos e inyectado en vena en las últimas décadas. “Ya no hay pobres, sino fracasados. Desapareció el marginado, ya no quedan en el lenguaje de la selva capitalista más que perdedores e inadaptados sociales“.

También aquí, tras la locura de los desahucios colectivos es apropiado aquel dicho simple: “este es el inveterado conflicto entre ricos y pobres por el derecho a la ciudad” (Mike Davis).

Un espeso silencio cómplice acompaña los desahucios. Y en los foros de los periódicos supura el odio contra los pobres. “Es lo único bueno que ha hecho el PP desde que gobierna en Extremadura”, dice un justiciero anónimo. “Venga, daros prisa en echar la escoria, que a este paso aún llegan al invierno”, añade otro enigmático valiente. Es el lumpen y todo vale.

Los que mandan conocen bien el miedo a la proletarización de las clases medias y se aprestan a parasitar la zozobra de quienes intuyen el final de la gran milonga de consumismo e individualismo propietario. Desde los 90, mucha gente empezó a vivir de la pobreza en la poderosa “industria de lo social”. Hoy resulta más evidente aún la utilidad que el poder concede a la pobreza como instrumento de cohesión y disciplina de la ciudadanía.

En “Novecento”, la hermosa película de Bertolucci que narra la historia del siglo XX en Italia, aparece la del desahucio de Orestes, un jornalero al que los patronos echan de casa por incumplimiento del contrato. El relato del desahucio sirve en la película para explicar el origen del fascismo en Italia. Observando la brutalidad e inhumanidad de los desahucios masivos de estos días y la liquidación sistemática de derechos sociales, parece que el vientre que parió aquella cosa bestial todavía está fecundo.

La Justicia europea dice que la normativa española de desahucios es ilegal 

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

Juliane Kokott, ha considerado días pasados que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. 

El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

En sus conclusiones presentadas este jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir un derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.

En este sentido, la abogada general estima que “la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue”.

“No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios”, resalta Kokott.

Al contrario, la norma europea exige “que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa”.

La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.

El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.

Fuente: Globedia.com